Consumo carga contra Alquiler Seguro por prácticas abusivas

FACUA, OCU y el Sindicato de Inquilinas han denunciado a la empresa ante el Ministerio de por acciones abusivas.

Por:

Adonis Martínez

El Ministerio de Consumo ha abierto un expediente sancionador a una importante agencia inmobiliaria por presuntas prácticas abusivas contra inquilinos. Esta investigación comenzó en octubre bajo la supervisión de Pablo Bustinduy y sigue en marcha. El caso podría extenderse a otras inmobiliarias que estén realizando prácticas similares.

El Sindicato de Inquilinas ha señalado a Alquiler Seguro como responsable de diversas irregularidades. Denuncian cobros indebidos de honorarios, cláusulas abusivas en los contratos de alquiler e incumplimiento del derecho de desistimiento, entre otras acciones ilegales.

Este expediente podría sentar un precedente en la regulación del sector inmobiliario en España. La investigación no solo afecta a Alquiler Seguro, sino que también podría abrir la puerta a sanciones a otras inmobiliarias que cometan las mismas infracciones.

Así son estas cláusulas del terror

El Ministerio de Consumo también ha recibido denuncias de FACUA y la OCU, que han señalado prácticas abusivas similares. Entre ellas, destacan el cobro de comisiones por la gestión del alquiler, la imposición de seguros y la obligación de contratar servicios no solicitados por el inquilino.

La Ley por el derecho a la vivienda es clara al respecto, prohibiendo expresamente que los inquilinos tengan que asumir los gastos de gestión inmobiliaria y la formalización del contrato. Este tipo de prácticas contravienen la normativa y afectan gravemente a los derechos de los arrendatarios.

Según la legislación vigente, las cláusulas o prácticas abusivas podrían ser sancionadas con multas de hasta 100.000 euros en el caso de infracciones graves, y hasta un millón de euros en las infracciones muy graves. Estas sanciones podrían aumentar en función de los beneficios obtenidos por las inmobiliarias.

Aumentan los expedientes

Este procedimiento se suma al expediente sancionador abierto hace tres meses contra una plataforma de alquiler de viviendas turísticas. La investigación comenzó tras descubrirse que la plataforma mantenía miles de anuncios catalogados como “publicidad ilícita”, lo que motivó la intervención del Ministerio.

En febrero, el Ministerio también inició expedientes sancionadores contra empresas que gestionan viviendas turísticas en diversas Comunidades Autónomas. La razón: se detectaron prácticas que ofrecían “información falsa o que, aun siendo veraz, podían inducir a error a los destinatarios”.

Desde el Ministerio de Consumo, liderado por Pablo Bustinduy, se ha reiterado que “la vivienda es un derecho y un bien de primera necesidad amparado por la ley”. Estas acciones se llevan a cabo dentro del marco del compromiso de proteger los derechos de los consumidores en su acceso a la vivienda.