El gobierno busca que los jubilados trabajen a tiempo parcial a cambio de incentivos

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones alcanzó un acuerdo con representantes de las patronales y los sindicatos para revisar la normativa de la jubilación flexible, con el objetivo de ampliar esta opción entre los antiguos asalariados.

Por:

Adonis Martínez

La sostenibilidad del sistema público de pensiones ha sido el eje central tanto de la reciente reforma aprobada entre 2021 y 2023, como del acuerdo alcanzado a finales de julio entre el Gobierno, la patronal y los sindicatos.

Con el país preparándose para una oleada de jubilaciones masivas de la generación del ‘baby boom’, que desafiará al sistema en las próximas dos décadas hasta alcanzar su punto más crítico en 2047, cuando se estima que habrá 15 millones de pensionistas, el Gobierno ha decidido no retrasar la edad legal de jubilación, optando en su lugar por incentivar la prolongación voluntaria de la vida laboral.

Además, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones está explorando nuevas estrategias para animar a los jubilados a regresar al mercado laboral mediante empleos a tiempo parcial, a través del modelo de jubilación flexible.

Como parte del acuerdo cerrado hace tres semanas, el Gobierno se comprometió a revisar la normativa de esta modalidad en un plazo de seis meses, es decir, a inicios de 2025, con el objetivo de mejorar el porcentaje de pensión que recibirán aquellos jubilados que opten por esta alternativa.

Esto propone el Gobierno de España

Según fuentes de la negociación citadas por La Información, el objetivo principal es captar el interés de los antiguos asalariados hacia la jubilación flexible, dado que actualmente son los trabajadores autónomos quienes más se benefician de esta modalidad.

La jubilación flexible está regulada por el real decreto 1132/2002, que estipula que la pensión se reducirá en proporción a la disminución de la jornada laboral respecto a un empleo a tiempo completo. Por ejemplo, si un jubilado trabaja 20 horas semanales (equivalente al 50% de la jornada completa), su pensión se reducirá a la mitad.

Si, por otro lado, la jornada laboral es de 12 horas semanales (una reducción del 70%), la pensión solo se disminuirá en un 30%.

Durante la última mesa de negociación, que duró siete meses, el Ejecutivo no detalló a los agentes sociales su enfoque específico para la revisión de esta normativa, aparte de lo que ya está reflejado en el acuerdo.

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En este se establece que, en un plazo de seis meses, el Gobierno deberá revisar la regulación de la jubilación flexible “con el objetivo de incentivar a los trabajadores asalariados a optar por esta modalidad, mejorando el porcentaje de pensión que recibirán”. Un enfoque similar ya ha sido acordado para la jubilación activa, con el fin de hacerla más atractiva para los asalariados.

Las diferencias con la jubilación de modelo flexible

A diferencia del modelo de jubilación flexible, este otro tipo de jubilación exige que la persona haya extendido su vida laboral al menos un año más allá de la edad legal de jubilación que le correspondía.

Por esta razón, los representantes de CCOO, UGT, CEOE, Cepyme y el Ministerio de Seguridad Social optaron por premiar el tiempo adicional que el trabajador decide seguir activo antes de acceder a la pensión. Aquí se detallan las principales diferencias:

• Compatibilidad de la pensión: En la regulación actual, la jubilación flexible permite una compatibilidad del 50% de la pensión. Sin embargo, se ha acordado un nuevo sistema escalonado, donde se inicia con un 45% de compatibilidad, que incrementa cada año hasta llegar al 100% si la jubilación se prorroga por cinco años.
  
• Incentivo por retrasar la jubilación: Desde 2022, los trabajadores podían elegir entre aumentar la nómina de su pensión en un 4% por cada año de retraso o recibir una suma única, que varía entre 5.000 y 12.000 euros, dependiendo de su historial de cotización. En 2023, se introdujo un modelo mixto, y ahora se ha pactado un incremento adicional del 2% por cada seis meses a un año de retraso en la jubilación a partir del segundo año.
  

Estas modificaciones abren la puerta para que el Gobierno explore nuevos incentivos o beneficios adicionales más allá de mantener un porcentaje de la pensión basado en las horas de trabajo semanal.