Junts, socio del Gobierno, frena su propuesta para el alquiler temporal

Junts bloquea la ley impulsada por Sumar para regular el alquiler temporal, dejando al Gobierno sin apoyo en una votación clave.

Por:

Adonis Martínez

Los siete diputados de Junts per Catalunya han dejado sin apoyo al Gobierno al votar en contra de la propuesta de ley de Sumar sobre el alquiler temporal. Pedro Sánchez acudió al hemiciclo al final del debate, esperando que Junts se abstuviera, pero la sorpresa cambió el rumbo de la votación.

Junts había anunciado previamente su intención de abstenerse, lo que hacía prever un resultado favorable para la toma en consideración de la ley. Sin embargo, su cambio de postura en el último momento descolocó al bloque de aliados del Gobierno, que contaba con una ajustada mayoría frente a los 171 votos en contra de PP, Vox y Unión del Pueblo Navarro.

Todo apunta a que esta Ley no saldrá adelante pronto

José Luis Ábalos, ahora en el Grupo Mixto tras su salida del PSOE, ha votado a favor de la toma en consideración, pero Junts ha cambiado de opinión o de estrategia, y ha frustrado la proposición de ley de Sumar. La ley ha decaído con 178 votos en contra, es decir, ni siquiera será tomada en consideración.

¿En qué consiste la Ley de alquiler que propone Sumar?

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, defendió enérgicamente la proposición de ley, argumentando que responde a la “situación extrema de la vivienda en España”, que afecta especialmente a jóvenes y familias trabajadoras.

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Durante una entrevista en Al Rojo Vivo, Bustinduy criticó que las comunidades autónomas gobernadas por el PP no estén implementando la ley de vivienda, lo que agrava el problema. “Lo que es extremo es que la juventud no pueda emanciparse, que las familias no puedan pagar un alquiler mientras los fondos buitres se lucran de forma obscena”, lamentó el ministro.

El texto legislativo intentaba frenar el uso fraudulento del alquiler temporal, obligando a los propietarios a justificar su uso y sometiéndolo a un régimen equivalente a la legislación laboral. Además, se introducía una presunción a favor de los contratos de vivienda habitual, buscando mayor protección para los inquilinos en un mercado cada vez más especulativo.