Anticorrupción exige la imputación de Alvise Pérez por un caso de financiación ilegal

La Fiscalía Anticorrupción solicita llevar al Tribunal Supremo la causa contra el eurodiputado Alvise Pérez, investigado por recibir 100.000 euros de un empresario debido a su condición de aforado.

Por:

Adonis Martínez

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado la imputación del eurodiputado Alvise Pérez, del partido ‘Se acabó la Fiesta’, por un presunto delito de financiación ilegal en las elecciones europeas del 9 de junio. Según la investigación, Pérez habría recibido 100.000 euros en efectivo del empresario Álvaro Romillo, vinculado al sector de criptomonedas, días antes de los comicios.

Las pesquisas apuntan a que el eurodiputado contactó con Romillo en marzo para crear una cartera digital destinada a recibir aportaciones anónimas. Alvise ha admitido públicamente haber recibido el dinero “como autónomo y sin factura”, lo que podría acarrearle sanciones económicas adicionales.

Se pidieron fondos “no controlables”

El eurodiputado afirma que Álvaro Romillo, el empresario implicado, habría llegado a un acuerdo con la Fiscalía para evitar la prisión preventiva por fraude, comprometiéndose a acusarlo de haber recibido los 100.000 euros para financiar su campaña electoral.

Romillo, por su parte, ha presentado documentación que respalda un contacto constante entre ambos, señalando que Alvise le manifestó la necesidad de reunir entre 300.000 y 360.000 euros para impulsar su candidatura al Parlamento Europeo.

Según los mensajes difundidos por la prensa española, Alvise solicitaba fondos que no podían ser rastreados ni controlados por el Tribunal de Cuentas, lo que refuerza las sospechas sobre la naturaleza irregular de estas operaciones.

¿Es posible imputar a un aforado como Alvise Pérez?

En este caso, la Fiscalía Anticorrupción no puede actuar directamente contra Alvise Pérez, aunque tenga pruebas en su contra. Lo que hace es preparar un informe con todas las evidencias y remitirlo al Tribunal Supremo, solicitando que sea este órgano el que decida si hay razones suficientes para abrir un procedimiento penal.

Si el Tribunal Supremo acepta el caso, puede imputar formalmente al eurodiputado y llamarlo a declarar como investigado.

Por ejemplo, en el caso de Alvise Pérez, su condición de aforado hace que el caso pase directamente al Tribunal Supremo, donde se analizarán tanto las pruebas presentadas por la Fiscalía como su posible implicación en un delito de financiación ilegal.