El Gobierno quiere decir adiós al alquiler turístico con esta medida
En España, el alquiler turístico es uno de los grandes problemas que tenemos, y el Gobierno cree haber encontrado la forma de atajarlo.

El sector del alquiler turístico en España se prepara para un giro significativo con la normativa que el Ministerio de Vivienda implementará a principios de 2025. Según la nueva regulación, los propietarios de viviendas destinadas a alquiler turístico o de temporada deberán inscribirse obligatoriamente en una “ventanilla única” para operar dentro de la legalidad.
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El objetivo de esta medida es asegurar que se cumplan los requisitos técnicos, las licencias necesarias y las ordenanzas municipales. Además, el Gobierno busca poner orden en un mercado que, según sus estimaciones, ha influido en la subida de los precios de la vivienda y ha agravado la falta de opciones de alquiler a largo plazo.
Así funcionará la ventanilla única

En el caso de los alquileres de temporada, como los destinados a estudiantes o profesores, los propietarios deberán registrar obligatoriamente los contratos y demostrar que el uso del inmueble no se considera permanente para los inquilinos. Asimismo, se prohibirá la práctica de encadenar contratos consecutivos con un mismo arrendatario, una estrategia utilizada frecuentemente para esquivar las normativas aplicables a los alquileres de larga duración.
En cuanto al alquiler por habitaciones, cada una deberá estar identificada con un código único, y los contratos correspondientes también deberán ser registrados. Este sistema de control individualizado busca prevenir abusos, garantizar unas condiciones de habitabilidad adecuadas y reforzar la supervisión en este tipo de arrendamientos.
Sanciones duras para quienes incumplan
El control y la aplicación del régimen sancionador quedarán en manos de las comunidades autónomas y los ayuntamientos, quienes serán responsables de penalizar a quienes no cumplan con las nuevas disposiciones. Aunque las sanciones aún no han sido detalladas, el Ministerio de Vivienda ha adelantado que estas se ajustarán a la gravedad de las infracciones cometidas.

El objetivo de esta normativa es lograr un mercado de la vivienda más equilibrado, ofreciendo mayor protección tanto a los inquilinos como a los propietarios. Sin embargo, la medida ha generado inquietud en el sector turístico y entre pequeños arrendadores, quienes temen que las nuevas exigencias impliquen obstáculos administrativos y repercusiones económicas significativas.
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