¿Cómo impacta la caída del decreto ómnibus en los okupas de viviendas?

Los propietarios aplauden el fin de esta medida vigente desde la pandemia, con algunos afectados presentes en el Congreso.

Junts y el PP votaron este miércoles en contra del decreto ómnibus en el Congreso, lo que supone el fin de un conjunto de medidas que incluyen desde la revalorización de las pensiones hasta ayudas a la Dana y al transporte público. Entre las disposiciones menos visibles destacaba el llamado “escudo social”, que protegía a colectivos vulnerables frente a desalojos, incluidos okupas e inquiokupas.

El decreto ómnibus, con 140 páginas de medidas urgentes en ámbitos como la economía, los tributos y la Seguridad Social, también prorrogaba normativas para evitar desalojos de personas en situación de vulnerabilidad. Estas disposiciones, introducidas durante la pandemia, quedan ahora sin efecto, abriendo la puerta a procesos de desalojo más rápidos.

Con esta decisión, la protección legal que amparaba a okupas en situación de vulnerabilidad se debilita, generando incertidumbre sobre cómo esta nueva realidad afectará al fenómeno de la okupación en España.

Así afecta el decreto ómnibus a los Okupas

El Real Decreto-ley 9/2024 incluía la prórroga hasta finales de 2025 del Real Decreto-ley 11/2020, que impedía el desalojo de personas vulnerables sin alternativa habitacional. Esta medida, vigente desde la pandemia, protegía a okupas e inquiokupas, impidiendo que fueran desalojados incluso con una sentencia judicial firme.

Esta protección legal afectaba a muchos propietarios, especialmente a los pequeños, que no podían recuperar sus viviendas ocupadas ilegalmente. Con la caída de esta normativa, se elimina una barrera legal para el desalojo, lo que podría agilizar el proceso para estos propietarios y cambiar la dinámica de la okupación en España.

Los propietarios, pendientes de la resolución

La Plataforma Afectados por la Ocupación fue una de las organizaciones más activas en la lucha contra el Real Decreto-ley 9/2024, y varios de sus miembros estuvieron presentes en el Congreso durante el debate. Tras la votación, expresaron su satisfacción en redes sociales, celebrando la derogación de la ley con 177 votos en contra. Destacaron los cinco años de sufrimiento de muchas familias humildes que, según su visión, habían cargado con el “mal llamado escudo social”.

Durante su intervención en la Cámara Baja, Juan Bravo Baena, vicesecretario de Economía del PP, defendió a los propietarios al asegurar que la normativa convertía a los propietarios en víctimas, ya que no podían recuperar sus viviendas si estaban ocupadas. Criticó la gestión gubernamental de la política de vivienda, argumentando que si el Gobierno quiere permitir la ocupación, debería ser él quien lo pagara, no los propietarios.

En sus redes sociales, Bravo Baena fue aún más contundente, pidiendo que se desbloqueara la Ley para desocupar en 48 horas, una propuesta que, según él, ha sido bloqueada 34 veces. La derogación del decreto supone un paso importante en la lucha contra la ocupación ilegal, y muchos propietarios consideran que esta es una victoria hacia la protección de sus derechos.