¿Es legal que la Guardia Civil o la Policia Nacional registren tu coche?

Esto es lo que debes saber ante una posible solicitud de revisión hacia tu vehículo por parte de las fuerzas de seguridad.

En España, la responsabilidad de controlar y vigilar el tráfico recae principalmente en los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, especialmente en las comunidades autónomas donde la DGT tiene competencias. Estos agentes son los encargados de poner en marcha dispositivos para realizar controles de alcoholemia, velocidad y verificar el estado de los vehículos.

Además de la Guardia Civil, otras fuerzas del orden, como la Policía Nacional, los cuerpos policiales autonómicos y las policías locales, también intervienen en el control de la circulación. Todas estas entidades tienen como objetivo principal detectar conductas que infringen las normas de tráfico y que podrían constituir faltas o delitos.

Uno de los procedimientos comunes durante estas intervenciones es el registro de los vehículos. Esta acción se realiza en el marco de la detección de posibles infracciones y, en algunos casos, de delitos relacionados con la seguridad vial.

¿Es legal que te registre el coche Guardia Civil o Policía Nacional?

El artículo 18 de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana establece que los agentes de la autoridad tienen la facultad de realizar comprobaciones y registros en lugares públicos. Esto incluye personas, bienes y vehículos, con el objetivo de prevenir la posesión y el uso ilegal de objetos peligrosos como armas, explosivos y sustancias peligrosas, entre otros.

Estos registros pueden llevarse a cabo en las vías públicas, lugares y establecimientos con el fin de evitar delitos y proteger la seguridad ciudadana. La ley permite que los agentes actúen de manera preventiva para asegurar que no se empleen estos objetos en actividades ilícitas que puedan poner en peligro a las personas.

Además, el artículo establece que los ciudadanos tienen el deber de colaborar con los agentes de la autoridad durante estas revisiones, sin obstaculizar sus funciones. De esta forma, se garantiza que las medidas de seguridad se apliquen correctamente, contribuyendo al mantenimiento del orden público y la protección de la comunidad.

Las competencias reales en tráfico

La Ley Orgánica 4/2015, de protección de la seguridad ciudadana, otorga a los agentes de la autoridad la facultad de realizar registros en personas, bienes y vehículos en lugares públicos, con el objetivo de evitar que se porten o utilicen ilegalmente objetos peligrosos como armas, explosivos o sustancias peligrosas.

Estos elementos podrían generar un riesgo grave para las personas o ser utilizados en la comisión de delitos, por lo que la ley permite su intervención para garantizar la seguridad ciudadana.

Además, la ley es clara con que los ciudadanos tienen el deber de colaborar con los agentes durante el ejercicio de sus funciones. Este deber implica no obstaculizar los controles o registros realizados por las autoridades, lo que contribuye a mantener el orden público y la seguridad en las vías y establecimientos públicos.