Tensión entre la Unión Europea y Países Bajos por las normas sobre migración

La Comisión Europea ha respondido a Países Bajos afirmando que no puede dejar de aplicar las normas migratorias de la Unión Europea, en respuesta a la solicitud del país para no seguir implementando dichas políticas.

Por:

Adonis Martínez

Unión — La Comisión Europea respondió este miércoles a la solicitud del Gobierno neerlandés de excluirse de la legislación migratoria de la Unión Europea, indicando que tal medida no es posible sin realizar modificaciones en las normativas que sustentan a la UE.

La portavoz de Interior, Anitta Hipper, confirmó la recepción de una carta del Ejecutivo de Países Bajos con esta petición, la cual se centra en quedar fuera de la legislación comunitaria en materia de migración y asilo. Cualquier cambio implicaría una revisión más amplia de las reglas actuales.

Hipper destacó que se ha tomado nota de la carta y aclaró que una exclusión de las normas europeas, como solicita Países Bajos, solo sería posible mediante cambios en el Tratado de la Unión Europea, ya que es un requisito legal. Además, la portavoz subrayó que no se prevén “cambios inminentes” en las normativas sobre asilo y migración, que seguirán siendo de cumplimiento obligatorio en Países Bajos.

La carta de Países Bajos y lo que supone

La ministra neerlandesa de Migración y Asilo, Marjolein Faber, del partido ultraderechista PVV liderado por Geert Wilders, envió una carta a la Comisión Europea solicitando la exclusión de Países Bajos de las políticas de asilo de la UE. Faber, quien anunció esta medida como parte del programa de gobierno, busca retomar el control total sobre la política migratoria del país.

No parece que se vaya a revisar el Tratado

Actualmente, la Unión Europea no tiene planes de modificar el tratado vigente, que fue revisado por última vez en 2009. Si en algún momento se abre una renegociación, Países Bajos necesitaría el apoyo de los otros estados miembros para obtener la excepción que solicita. Mientras tanto, la ministra Faber ha argumentado que la exclusión es necesaria para cumplir con sus obligaciones constitucionales de ofrecer vivienda, atención médica y educación. Además, pretende aplicar medidas excepcionales como la suspensión parcial de la Ley de Extranjería y una “ley de crisis de asilo” para los próximos dos años.