La verdad detrás de las matriculas opacas que avala la DGT

Se trata de matrículas que no son rastreables ni se da información sobre ellas por parte de las autoridades. ¿Por qué?

La matrícula de un vehículo proporciona acceso a información crucial sobre su propietario y su historial, incluyendo la fecha de matriculación, cargas administrativas pendientes, y vigencia de la ITV (Inspección Técnica de Vehículos), entre otros datos relevantes.

Estos detalles son prácticos tanto para la compra de un automóvil de segunda mano como para casos de abandono en la vía pública o incidentes donde se desconoce la identidad del dueño, además de satisfacer la curiosidad general.

Hay excepciones

La Dirección General de Tráfico (DGT) facilita esta información pública a través de su sede electrónica, la aplicación miDGT, las jefaturas provinciales y el teléfono 060. La DGT recomienda especialmente consultar estos datos antes de adquirir un coche de segunda mano.

Para obtener el informe, se requiere la compra de la tasa 4.1, con un coste de 8,67 euros. El informe básico verifica si el vehículo cumple con los requisitos mínimos para circular, como la ITV y el seguro vigente. En caso contrario, se emite una alerta que indica posibles impedimentos administrativos o de circulación del vehículo.

El informe completo proporciona detalles adicionales como la situación de cargas (embargos, precintos, etcétera) y registra todos los datos técnicos del vehículo, incluyendo el historial de reparaciones y averías reportadas por talleres que utilizan el libro digital de mantenimiento de la DGT.

¿Qué son las matrículas opacas?

Sin embargo, no todos los vehículos matriculados en España, que ascienden a unos 35,6 millones según datos del 2022, tienen información accesible al público.

Existen excepciones como las llamadas “matrículas opacas”, que pertenecen a vehículos de fuerzas de seguridad y están protegidas por razones de seguridad.

Este tipo de matrículas incluye a los vehículos de la Policía Nacional, la Guardia Civil, cuerpos locales y autonómicos, así como vehículos camuflados y aquellos utilizados por escoltas y chóferes de cargos oficiales, cuya información no está disponible públicamente.