España plantea prohibir las campañas de odio en redes sociales

El principal fiscal de delitos de odio está investigando los mensajes en Internet que “criminalizan” a los migrantes tras el crimen de Mocejón.

El fiscal de Sala contra los Delitos de Odio y Discriminación, Miguel Ángel Aguilar, ha sugerido una reforma del Código Penal que permita prohibir el acceso a Internet o a redes sociales a aquellos que hayan utilizado estas plataformas para cometer delitos de odio, como promover o incitar la discriminación basada en motivos racistas, xenófobos o ideológicos.

En una entrevista con la Cadena Ser, Aguilar destacó la necesidad de realizar ciertos “ajustes técnicos” en la legislación actual. En particular, señaló que sería “interesante” imponer una pena que prohíba a las personas que han utilizado Internet o redes sociales para cometer un delito volver a acceder a estos medios.

Mocejón, la gota que colmó el vaso

La Fiscalía, bajo la dirección de Miguel Ángel Aguilar, está investigando desde este martes si los “mensajes falsos” difundidos recientemente en redes sociales, que “criminalizan de manera generalizada” a menores migrantes tras el asesinato de un niño de 11 años en Mocejón (Toledo), constituyen un delito.

Se está evaluando la “relevancia jurídico-penal” de estos comentarios, que parecen tener el “intento deliberado de provocar sentimientos de odio, hostilidad y discriminación” contra menores extranjeros no acompañados en España.

Aguilar ha subrayado la necesidad de analizar “cada caso de manera individual”, lo que implica una “investigación muy exhaustiva” por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la “recopilación de todos los datos posibles”.

Además, el fiscal expresó su “indignación” ante los ataques dirigidos al portavoz de la familia del menor asesinado, después de que este hiciera un llamamiento a evitar la criminalización de cualquier etnia, raza u origen.

El trágico asesinato del pequeño Mateo en la localidad de Mocejón ha sido utilizado por ciertos usuarios de redes sociales para vincular —sin pruebas— la delincuencia y la violencia con los menores migrantes que residen en España sin apoyo familiar.

Desde varios sectores, se ha intentado culpar a los migrantes acogidos temporalmente en Mocejón por el crimen, sugiriendo la posible implicación de bandas juveniles, insinuando motivos yihadistas tras la muerte de Mateo, y fomentando el odio hacia casi cualquier persona no blanca, presentándolas como sospechosas. Tras conocerse que la Fiscalía ha abierto una investigación, algunos de estos usuarios han cerrado rápidamente sus cuentas.

Sin embargo, los datos policiales revelan que el presunto autor del crimen, quien ha confesado los hechos, es una persona de nacionalidad española, residente en Madrid y con familiares directos en el pueblo.