Atención: Hacienda ahora obliga a declarar gastos con tarjeta de crédito mayores a este monto

El total anual de nuestros consumos con tarjeta de crédito están ahora en la mira de la Agencia Tributaria. Todos los detalles.

Por:

Cristian Ortega Mahan

La Agencia Tributaria de España desempeña un papel crucial en garantizar que todas las personas y entidades cumplan con sus obligaciones fiscales, asegurando así el pago adecuado de impuestos.

Este esfuerzo no solo combate el fraude fiscal, sino que también es esencial para la redistribución de la riqueza, un mecanismo clave que financia servicios públicos fundamentales como la sanidad, la educación y las infraestructuras.

Cuando todos los ciudadanos contribuyen con lo que les corresponde, la economía en general se fortalece. Esto promueve la equidad, refuerza las arcas públicas y fomenta la confianza en el sistema fiscal. Con este compromiso en mente, el Gobierno español está trabajando en un nuevo real decreto que impondrá mayores obligaciones de información a las entidades financieras a partir de 2025, según adelanta El Periódico.

Hacia la modernización y el control fiscal

Este nuevo proyecto, que forma parte de un esfuerzo por modernizar y reforzar el control fiscal, requerirá que las compañías emisoras de tarjetas de crédito, débito y otros medios de pago, como tarjetas digitales o de prepago, presenten informes detallados sobre los movimientos de sus clientes.

El núcleo del decreto reside en una nueva declaración anual que deberán presentar las entidades emisoras de tarjetas, ya sean bancos, redes de gasolineras, grandes almacenes u otras instituciones que ofrezcan estos servicios.

En esta declaración, las entidades estarán obligadas a desglosar todas las operaciones que, en conjunto, superen los 25.000 euros anuales por tarjeta. El informe incluirá datos clave como la identificación del titular de la tarjeta, ya sea una persona física o una empresa, el número total de cargos realizados en el año y el importe total de estos movimientos, tanto de compras como de retiradas de efectivo.

Objetivos y beneficios del decreto

El objetivo principal de esta medida es controlar las grandes transacciones realizadas a través de sistemas electrónicos, evitando así el blanqueo de capitales y el fraude fiscal. Estos problemas han cobrado mayor relevancia con la creciente digitalización de los pagos y la globalización económica. Al tener un control más exhaustivo sobre las transacciones, se espera disminuir significativamente las actividades ilícitas y aumentar la transparencia en las finanzas.

Después de haber sido sometido a un proceso de información pública, el proyecto del real decreto será remitido próximamente al Consejo de Estado para su informe preceptivo. Una vez superado este trámite, se espera que el texto sea aprobado por el Consejo de Ministros en breve, permitiendo así su entrada en vigor.

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Implementación y requisitos adicionales

La primera declaración bajo esta nueva normativa se realizará en el 2026 y corresponderá a los movimientos efectuados durante el año 2025. Además de la declaración anual, el decreto también contempla que las entidades financieras deban reportar mensualmente a la Agencia Tributaria todos los cobros realizados por empresarios o autónomos mediante tarjetas o aplicaciones de pago móvil, como Bizum o PayPal, independientemente del monto.

Esta nueva normativa busca fortalecer el control y la transparencia en las transacciones electrónicas en España, promoviendo un sistema fiscal más equitativo y confiable. Las entidades financieras jugarán un papel crucial en este esfuerzo, y el cumplimiento riguroso de estas obligaciones contribuirá a una economía más justa y transparente.