Hombre acusado de agresión sexual es capturado en la frontera

El criminal aseguró a los integrantes de la Guardia Civil que no se estaba fugando.

Un hombre, investigado como presunto autor de una agresión sexual en Zaragoza, ha sido detenido en la frontera con Francia cuando intentaba abandonar España. El arresto se produjo en el paso de La Junquera, en Gerona, tras una alerta emitida por las autoridades.

El sospechoso había conseguido eludir a las fuerzas de seguridad después de que se dictara una orden de detención en su contra. Su fuga obligó a la Policía a intensificar la búsqueda, coordinando esfuerzos con otros cuerpos de seguridad para evitar que escapara del país.

Finalmente, agentes de la Guardia Civil lograron interceptarlo en un control fronterizo, frustrando su intento de huida. Ahora, la justicia deberá decidir si permanece en prisión preventiva hasta el juicio o si se le concede la libertad provisional con medidas cautelares.

Intento de fuga frustrado en la frontera

El arrestado, de origen búlgaro, trató de justificar su viaje asegurando que su intención era regresar a su país para atender a un familiar enfermo. Sin embargo, la policía sospecha que su objetivo real era evitar responder ante la justicia española.

Las autoridades lo seguían de cerca desde su desaparición en Zaragoza, cuando dejó de presentarse ante el juzgado tras quedar en libertad provisional. Se sospecha que recibió ayuda para su huida, aunque la investigación sigue en curso para determinar si contó con cómplices.

El despliegue policial en la frontera permitió su identificación y detención antes de que lograra cruzar hacia Francia. El hombre no opuso resistencia y fue trasladado de inmediato a disposición judicial.

Posible ingreso en prisión preventiva

Tras su captura, el detenido ha sido puesto a disposición de la Audiencia Provincial de Zaragoza, que deberá decidir si endurece las medidas cautelares en su contra. La Fiscalía ha solicitado su ingreso en prisión preventiva para evitar un nuevo intento de fuga.

El caso ha generado preocupación entre los colectivos de defensa de las víctimas, que exigen un mayor control sobre los investigados por delitos graves para evitar que puedan eludir la acción de la justicia.