España bloquea más de 65.000 alquileres de Airbnb en plena batalla contra la turistificación

Diversos puntos ofrecidos por la plataforma para turistas se han visto afectados por las regulaciones para alquileres vacacionales.

Por:

Nicolas Esteban Lafferriere

Como cada año, el Gobierno de España ha empezado su batalla contra la sobrecarga turística. El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha lanzado su ofensiva contra Airbnb, obligando a la plataforma a eliminar 65.000 propiedades en alquiler por infringir las regulaciones.

Se trata de un esfuerzo para abordar la crisis de la vivienda y controlar el impacto de los alquileres vacacionales en el mercado inmobiliario español, una de las consecuencias que ha dejado la oleada masiva de turistas que visita España cada año, y que ha resultado en protestas dentro de las ciudades clave.

El Ministerio a cargo de los derechos del consumidor ha citado la falta de números de licencia, los registros de propiedad poco claros y las discrepancias entre los registros enumerados y los oficiales como razones para la exclusión masiva de la lista. Las publicaciones de Airbnb ofrecían asilo temporal en ciudades como Barcelona, Madrid y Sevilla.

España contra Airbnb: ¿Cómo regular el mercado?

El ministro de consumo, Pablo Bustinduy, señaló que su objetivo es acabar con la “falta de control” y la “ilegalidad” generalizada en el negocio del alquiler vacacional. “Se acabaron las excusas. Basta de proteger a quienes hacen un negocio con el derecho a la vivienda en nuestro país”, dijo a los periodistas.

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Su medida se produce en medio de una creciente crisis de asequibilidad en España, que ha provocado ruidosas protestas contra el aumento de los alquileres y los precios de las viviendas. Muchos culpan a la proliferación de alquileres a corto plazo, particularmente en plataformas como Airbnb, por exacerbar el problema, especialmente en centros turísticos populares como Madrid y Barcelona.

La turistificación, en el punto de mira

Según datos oficiales, en noviembre del año pasado había en España unas 321.000 viviendas con licencia de alquiler vacacional, un 15% más que en 2020. El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 abrió una investigación sobre Airbnb en diciembre. La compañía de alquileres aseguró que siempre solicitan una confirmación de permisos locales.

Los esfuerzos por detener el “turismo ilegal” llevaron a Barcelona a planificar la reducción de 10.000 alquileres a corto plazo con licencia para 2028, con el objetivo de priorizar la vivienda para residentes permanentes. Esta última ofensiva a nivel nacional se dirige a los listados en Madrid y Andalucía.