Nuevo reglamento de Extranjería: requisitos y más permisos

Una reforma para abrir puertas: el nuevo plan busca facilitar permisos y ampliar derechos a personas migrantes.

Este martes entra en vigor el nuevo Reglamento de Extranjería aprobado por el Gobierno en noviembre de 2024. La reforma busca simplificar el acceso a permisos de residencia y ampliar derechos para ciertos colectivos de migrantes.

La ministra Elma Saiz ha señalado que el objetivo es “agilizar los procedimientos” y evitar trámites innecesarios. El Ejecutivo calcula que podrían beneficiarse unas 300.000 personas al año.

Entre las principales novedades destacan cinco modalidades de arraigo y la posibilidad de trabajar por cuenta ajena o propia desde el primer momento. Te contamos todo sobre los requisitos.

Las novedades y requisitos de extranjería

El nuevo reglamento también introduce una autorización específica de residencia y trabajo pensada para facilitar la contratación, tanto individual como colectiva. Esta medida busca responder de forma más ágil a las necesidades del mercado laboral.

Entre los cambios clave destaca la reducción del plazo para solicitar el arraigo social, que pasa de tres a dos años. Además, se incorpora el arraigo de segunda oportunidad para quienes hayan perdido su permiso de residencia.

También se amplía la reagrupación familiar y se flexibiliza el acceso a permisos para estudiantes y a nuevos visados. Por último, se establece un régimen transitorio hasta mayo de 2026 para personas con solicitudes de asilo denegadas, permitiéndoles regularizar su situación de manera temporal.

Todos los recursos contra la norma

Aunque la reforma del Reglamento de Extranjería ha sido bien recibida en muchos sectores, no ha estado exenta de críticas. En enero, varias organizaciones de defensa de los derechos de las personas migrantes, entre ellas Cáritas, presentaron un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo contra algunos aspectos del nuevo texto.

Estas entidades reconocen avances positivos en la normativa, pero alertan de que ciertos puntos pueden tener un “impacto negativo” sobre los derechos de quienes solicitan protección internacional. Consideran que aún quedan vacíos legales y limitaciones que podrían perjudicar a colectivos especialmente vulnerables.