Hombre podría ir a prisión por rebajar las facturas de la calefacción en casa en Irlanda

¿Dónde está el límite a la hora de poder elaborar estrategias de ahorro en casa?

Por:

Adonis Martínez

Clive Ryan, un vecino de Dublín, está en problemas por algo que parecía una buena decisión: hacer su casa más eficiente. Hace siete años, junto a su esposa, invirtió en aislamiento exterior, nuevas ventanas y una caldera moderna para reducir el frío y ahorrar en calefacción. Ahora, en lugar de beneficiarse de la mejora, enfrenta una posible pena de prisión.

El proyecto costó 16.000 euros, aunque recibieron una subvención de 4.000 euros de la Autoridad de Energía Sostenible de Irlanda. En su momento, todo parecía estar en regla. Pero años después, el ayuntamiento asegura que las obras no cumplían con ciertos permisos, convirtiendo su reforma en un problema legal.

Lo que comenzó como un esfuerzo por hacer su hogar más ecológico se ha convertido en una pesadilla burocrática. Ryan ahora debe defenderse en los tribunales, mientras las autoridades insisten en que las mejoras no eran legales. Su caso ha generado polémica sobre las contradicciones entre las iniciativas de sostenibilidad y las regulaciones urbanísticas.

¿Había denunciado alguien a Clive?

En marzo del año pasado, la tranquilidad de los Ryan se rompió con la visita inesperada de un inspector del ayuntamiento. Les informó que necesitaban un permiso retroactivo para el aislamiento exterior, algo que nunca se les mencionó cuando hicieron la reforma seis años antes. Clive, desconcertado, solo pudo pensar que alguien había denunciado su casa.

Te podría interesar

Un hombre y su bebé, graves tras ser arrollados por un caballo en Sevilla

La policía no entiende nada: Gobierno permitirá consumo de drogas dentro del vehículo

Decidió contactar con la empresa que hizo la obra, Churchfield Home Services, pero ellos también quedaron sorprendidos. Aun así, gestionaron la solicitud del permiso. Sin embargo, la situación empeoró en diciembre, cuando el ayuntamiento les envió una carta con una amenaza clara: pagar 5.000 euros de multa o incluso enfrentar prisión.

Además, les exigían deshacer la reforma y devolver la fachada a su estado original. Si no cumplían, las autoridades lo harían por ellos, pero a costa de la familia. Lo que empezó como una mejora para ahorrar energía se había convertido en un auténtico problema legal.

Víctimas de la burocracia

Para Clive, todo esto es absurdo. Intentó hacer su hogar más eficiente y ahora se ve atrapado en un proceso que roza lo surrealista. Nadie les advirtió sobre permisos cuando hicieron la reforma, pero años después, las autoridades aparecen con exigencias y sanciones. Lo que parecía un avance hacia la sostenibilidad se ha convertido en una pesadilla burocrática.

Han tratado de arreglar la situación, pero cada intento ha sido rechazado. Ahora esperan una tercera respuesta, con la incertidumbre de no saber si esta vez habrá una solución o si seguirán bajo la amenaza de una multa o incluso prisión. Mientras tanto, la sensación de haber sido castigados por hacer las cosas bien no deja de atormentarlos.