EE.UU.: frenan la desconexión de una mujer con muerte cerebral para salvar a su bebé

El centro médico aplica la ley de Georgia, que impide interrumpir el embarazo tras detectar latido fetal, incluso en casos de muerte cerebral.

Adriana Smith tenía 30 años, era enfermera, madre de un niño pequeño y estaba embarazada de nueve semanas cuando su vida se detuvo abruptamente. En febrero, un fallo médico le provocó una muerte cerebral irreversible. Desde entonces, permanece conectada a máquinas de soporte vital en un hospital de Georgia, en Estados Unidos.

Pero su historia no termina ahí. A pesar del diagnóstico, el centro médico ha decidido mantenerla artificialmente con vida para cumplir con la estricta legislación estatal que prohíbe los abortos una vez detectado el latido fetal, algo que suele ocurrir a partir de la sexta semana de gestación.

Mientras el cuerpo de Adriana sigue respirando con ayuda mecánica, el objetivo ahora es permitir que el feto continúe desarrollándose. Sin embargo, los propios médicos reconocen que aún no pueden asegurar si el bebé podrá sobrevivir. El caso ha reabierto el debate ético, legal y humano sobre los límites de la vida, el embarazo y la autonomía médica en Estados Unidos.

¿Por qué ha sucedido esto?

Desde 2022, el mapa legal del aborto en Estados Unidos cambió radicalmente. La decisión de la Corte Suprema de anular el fallo Roe vs. Wade —que durante casi medio siglo garantizó el derecho federal al aborto— devolvió a cada estado la capacidad de decidir por sí mismo sobre esta práctica.

Con una mayoría conservadora en el alto tribunal, la sentencia abrió la puerta a una oleada de restricciones en numerosos territorios del país. Estados como Georgia, Texas o Tennessee no tardaron en aprobar leyes más severas, algunas de las cuales prohíben el aborto desde etapas muy tempranas del embarazo, incluso antes de que muchas mujeres sepan que están gestando.

Este nuevo escenario ha generado una profunda división jurídica y social entre estados que blindan el derecho al aborto y otros que lo limitan casi por completo. La consecuencia: millones de mujeres viven hoy con derechos reproductivos muy diferentes según el código postal en el que residan.

¿Qué sucede en España con el aborto?

En España, el aborto es legal y está regulado por la Ley Orgánica 2/2010, que permite la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 de gestación. En casos de grave riesgo para la salud de la madre o malformaciones fetales, el plazo se amplía hasta la semana 22.

La reforma aprobada en 2023 reforzó este derecho, eliminando la obligación de contar con el consentimiento paterno para las menores de 16 y 17 años, y garantizando la atención en centros públicos sin derivaciones innecesarias.

La normativa también contempla medidas para evitar obstáculos a su ejercicio, como la prohibición del acoso a mujeres frente a clínicas acreditadas. No obstante, en la práctica persisten diferencias entre comunidades autónomas, especialmente por la alta tasa de objeción de conciencia entre el personal sanitario en algunas regiones.